La evaluación de los aprendizajes siempre ha sido uno de los elementos relevantes y centro de atención en los procesos educativos, por parte de docentes y académicos, y un aspecto controversial en relación a su enfoque aplicativo, tanto en su diseño, aplicación y análisis de sus resultados.
A raíz de estas controversias, y nuevas investigaciones, es que este proceso ha ido evolucionando lenta y progresivamente, acotada por reflexiones de largo recorrido histórico por parte de muchos profesionales y educadores. Desde Stufflebeam y su mirada positivista de la evaluación, con el foco centrado en las conductas observables y medibles, hasta hoy en día con Robert Stake y su propuesta de evaluación respondente, Parlett y Hamilton con su visión Iluminativa y Mc Donald con la evaluación democrática de mirada interpretativa, por nombrar algunos.
En la medida que esta evolución se ha ido desarrollando, lo propio ha sucedido con sus marcos éticos de aplicación que la guían y la sustentan. Por ello diremos que desde los principios orientadores de la deontología, se han ido regulando las conductas docentes, y de todo evaluador, para adecuarse a ciertas normas de comportamiento acorde con la naturaleza de la posición evaluativa que aplican.
En una reflexión, Santos Guerra (1999) nos manifiesta que la evaluación educativa es un fenómeno habitualmente circunscrito al aula, referido a los alumnos y limitado al control de los conocimientos adquiridos a través de pruebas de diverso tipo. A partir de ella, podemos evidenciar, en muchas aulas chilenas y latinoamericanas, que a pesar de los años transcurridos y de la evolución ya manifestada, se siguen aplicando metodologías centradas exclusivamente en el alumno, con medición de conocimientos y resultados directos de forma cuantitativa.
Lo anterior, nos lleva a poner la atención en dos aspectos relevantes, por la cual creo se sustenta en parte este estancamiento del proceso. Por un lado encontramos el poder conferido a la figura de quien evalúa y por otro a la obediencia de quien es evaluado. En este sentido diremos que el poder que detenta el educador en el acto de evaluación está dado por la situación asimétrica que caracteriza la relación didáctica (Pozo: 1996, citado en Ormat, E. 2004) en todos los niveles educativos formales, otorgándole al docente la autoridad profesional de ser el constructor y aplicador de procesos de evaluación, fundamentado en las competencias que posee para ello.
Este poder conferido, superpone al docente a un rango jerárquico de autoridad con la cual es el supremo manipulador del proceso, en el que se confía que lo realizará con justicia, equidad y beneficencia. En otra instancia, el nivel cognitivo del mismo, frente al de un estudiante en proceso de maduración, formación y aprendizaje, le asigna una nueva mirada que se sintetiza en la aceptación sumisa a que todo lo realizado por el docente es adecuadamente correcto, por tanto no hay forma de rebatirlo. De allí la génesis de la actitud del evaluado que se convierte en un ser pasivo y sumiso, receptor y hacedor de cosas bajo la órdenes del evaluador. En este sentido, es de importancia radical la reorientación de este aspecto a una manera más horizontal, justa y participativa, toda vez que en el poder conferido en una situación tan desigual se corre el riesgo de caer en la antiética. Sin embargo, un fenómeno similar ocurre cuando es el profesor quien debe asumir, de forma sumisa y obligada ciertas imposiciones institucionales, o de políticas gubernamentales, sustentadas en normativas y ordenanzas directivas, en la que debe aplicar ciertos criterios, formas y adecuaciones a su sistema evaluativo. En este caso, el profesional no puede desdecirse de la responsabilidad que le compete en una situación de esa naturaleza.
En esta misma idea, y a todas luces, la evaluación es un proceso vulnerable de ser inadecuadamente manejado, sea esto con intención u omisión, por cuanto se corre el riego de que pierda su calidad benefactora si se utiliza con unos criterios deficientes. En cualquiera de los dos casos, ello no exime al docente de su responsabilidad ética en estos procedimientos.
Por otro lado, paulatinamente vamos internalizando que una adecuada evaluación nos aporta información valiosa para tomar decisiones de mejora, que nos permitirán emitir juicios de valor que propendan a la mejora continua de los aprendizajes y el desarrollo formativo de nuestros estudiantes. No considerar una concepción pedagógica como ésta, nos conducirá a caer en situaciones de abuso de control, exceso de medición, discriminación y etiquetado de los alumnos. De esta manera creemos que, el incumplimiento ético tiene que ver, entre otras cosas, con no permitir la participación del estudiante en su propio proceso formativo, cimentado en la unilateralidad de autoritarias decisiones por parte del docente, que fortalecen las desigualdades educativas para con los educandos.
En otra dimensión, debemos considerar que la evaluación no sólo le otorga al docente poder hacia los alumnos, sino que también con sus familias. Ante ello, no es de extrañar que se puedan obtener beneficios personales que amplifican la discriminación y las injusticas. Situaciones cotidianas en este sentido hay muchas, que se pueden ejemplificar en atenciones con pequeños obsequios, situaciones preferenciales e incluso hasta favores sexuales. Estas “pequeñas situaciones” puede marcar la diferencia entre aprobar o reprobar, ya que de esta manera, los padres igualmente tienen la capacidad de poder influir en las conductas evaluativas de los profesores hacia sus hijos.
Antes este delicado escenario, es indispensable tener la claridad ética necesaria para enfrentarse a los procesos evaluativos cuando se crean y aplican instrumentos y procedimientos, para que sintonicen coherentemente con los reales fines de la educación, asumiéndose la responsabilidad con criterios profesionales y personales serios.
Con esto queremos manifestar que debemos ser sumamente cautelosos en no sobrepasar los límites del poder conferido por el acto de avaluar, que sea un proceso participativo, con foco en los procesos y de continua retroalimentación de todo y para todos, dentro del marco ético correspondiente, ya que de ello dependerá, en gran medida, la calidad educativa que le entreguemos a nuestros estudiantes.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
- Guerra, S. (1999). Evaluación educativa. Un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Argentina. Editorial Magisterio del Río de La Plata.
- Ormart, E. (2004). La ética en la evaluación educativa. Publicación en línea. Granada (España). Año II Número 3. Julio de 2004. Consultada el 11 de enero de 2012. http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/numero6/Articulos/Formateados/7La.pdf
